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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 200
 
  Dictamen : 200 del 08/07/2019   
 
Resumen

C-200-2019


 


LEY DE ESTUPEFACIENTES. INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS. DINEROS COMISADOS. DINEROS DECOMISADOS. DESTINOS ESPECIFICOS. GASTOS CORRIENTES. EMERGENCIA. URGENCIA


 


El Presidente Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, en oficio N. ICD-CD-010-2019 de 24 de mayo 2019, solicita el criterio de la Procuraduría General de la República en relación con el destino de los dineros comisados y decomisados respecto del financiamiento de gastos operativos. En concreto, consulta:


 


“1. ¿Existe la posibilidad para el Instituto Costarricense sobre Drogas, de utilizar recursos específicos, entiéndase dineros comisados e intereses de dineros decomisados, definidos en la Ley de Estupefacientes (N.8204), para que sean utilizados con fines operativos en casos de urgencia y necesidad?


2. Si se comprueba un estado interno de necesidad y urgencia que amerite el destino de un porcentaje de esos dineros para el giro común de la Institución ¿Cuál es el tope de porcentaje que se podría dedicar a dichos gastos extraordinarios?


3. ¿Cuál es el plazo máximo durante el cual la Institución podrá dedicar dicho porcentaje de dineros a fines distintos a los establecidos en la Ley 8204?


4. ¿Qué parámetros se deben tomar en cuenta para los supuestos de “urgencia y necesidad”? ¿Cómo  debería delimitar dichos supuestos el Consejo Directivo?


5. ¿El Director General del ICD podría destinar dineros comisados para cubrir necesidades operativas según el artículo 87 de la Ley 8204?


6. ¿Podrían existir otros supuestos distintos a la necesidad y urgencia que permitan destinar parte de esos fondos específicos a situaciones que hagan posible el cumplimiento de los fines del Instituto Costarricense sobre Drogas?”.


            Consulta evacuada mediante el dictamen C-200-2019 de 8 de julio siguiente, en el que se concluye que:


1-. El Instituto Costarricense sobre Drogas cuenta con distintas fuentes de financiamiento, artículo 145 de la Ley,  dirigidas al financiamiento de los fines del Instituto, atribuidos por la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley N. 7786 de 30 de abril de 1998, reformada íntegramente por la Ley 8204 de 26 de diciembre de 2001. Es el caso de la prevención y represión de la producción, el tráfico, el uso indebido y el consumo ilícito de las drogas susceptibles de causar dependencia, así como delitos relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero.


2-. No obstante, en relación con el dinero proveniente del comiso y los intereses de la operaciones relacionadas con el dinero decomisado, el Instituto está sujeto al destino establecido por el legislador en los artículos 87 y 85, respectivamente.


 


3-. Destino referido a los programas de prevención y de represión a cargo del ICD en los diferentes ámbitos del accionar del Instituto, sea el consumo y tráfico de las drogas, la legitimación de capitales, el terrorismo y la delincuencia organizada. Así como, en menor porcentaje, al aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados o el seguimiento y mantenimiento de los bienes comisados.


 


4-. Programas que deberán contener las distintas actividades dirigidas, sea a la prevención, sea a la represión, así como la delimitación de los distintos recursos necesarios para realizar esas actividades y cumplir metas y fines. Recursos que deben permitir sufragar todos los gastos requeridos para ejecutar las actividades en que consiste el programa, de modo que la falta de asignación no entorpezca la ejecución del programa ni impida conocer el costo efectivo de este.


 


5-. El artículo 84 de la Ley, en su segundo párrafo, permite que bienes decomisados sean destinados a fines no descritos en la Ley, en casos muy calificados determinados y aprobados por el Consejo Director del Instituto. No obstante, dicho numeral no se refiere en específico al dinero objeto de comiso ni a los intereses del dinero decomisado, de modo que pueda concluirse que en casos calificados está autorizado que dichos dineros  sean destinados a gastos operativos no asociados a programas de prevención o represión o en relación con el aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados o el seguimiento y mantenimiento de los bienes comisados.


6-. El estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo es fuente de un régimen de legalidad de excepción en los supuestos en que la Constitución y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo lo establecen. Este estado de emergencia se funda en una situación de urgencia y necesidad.


 


7-.  La aplicación de un régimen de excepción requiere la existencia de un nexo de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados efectivamente.


 


8-.  Las restricciones presupuestarias que afectan a los diferentes organismos financiados con recursos del Presupuesto Nacional si bien son susceptibles de conducir a una inoperancia de alguno de los organismos afectados y al incumplimiento de sus obligaciones contractuales y/o el ejercicio de las funciones sustantivas, no constituyen un estado de necesidad y urgencia que justifique un régimen de excepción y, en particular, desconocer el destino legal impuesto por el legislador al dinero comisado y los intereses de los dineros decomisados. De producirse la situación que se indica, a lo sumo podría calificarse de mera urgencia en los términos conceptualizados por la jurisprudencia constitucional.