OJ-092-2008

1° de octubre del 2008

Señora

Hannia M. Durán

Jefa de Área

Comisión Permanente Especial de Ambiente

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

            Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su Oficio de 19 de setiembre último, por el que nos solicita el criterio de nuestra Institución sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Consolidación Socio Ambiental del Asentamiento Campesino Osa en Finca del Instituto de Desarrollo Agrario” (expediente legislativo No. 17003).

            Como se ha señalado en ocasiones similares, en las cuales un diputado o una comisión legislativa requiere nuestro criterio sobre los alcances o contenido de un “proyecto de ley”, nuestro análisis no constituye un dictamen vinculante, propio de la respuesta a una consulta de algún reparto administrativo, como consecuencia de lo dispuesto al efecto en nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982); sino más bien una “opinión jurídica”, que no vincula al consultante, y que se da como colaboración institucional para orientar la delicada función de promulgar las leyes.

Asimismo, y como también se ha indicado en otras oportunidades, “…al no estarse en los supuestos que prevé el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma), a la solicitud que nos ocupa no le es aplicable el plazo de ocho días hábiles que dicho artículo dispone” (véase, entre otras, la opinión jurídica No. OJ-097-2001 de 18 de julio del 2001).

            Ya sobre la propuesta legislativa en consulta, me permito indicarle que recientemente, mediante opinión jurídica No. OJ-085-2008 de 16 de setiembre del 2008, la Procuraduría General de la República se pronunció sobre un proyecto de ley que, salvo algunas diferencias de redacción y muy pocas de fondo, es prácticamente igual al que ahora se requiere nuestra opinión.

            Así, pues, reiteramos aquí como válidas para el proyecto de ley No. 17.003 las razones externadas en esa oportunidad con respecto al proyecto No. 17.016, denominado “Consolidación Socioambiental del Asentamiento Campesino Osa en Finca del Instituto de Desarrollo Agrario”, en los siguientes términos:

“Entrando en tema, el proyecto de ley que aquí se nos consulta tiene como fin, según su exposición de motivos y articulado, el otorgamiento de títulos a personas que se encuentran ocupando terrenos en la propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, inscrita bajo el sistema de Folio Real No. 39334-000, y que demuestren haberlos poseído durante un plazo de diez años con anterioridad a la vigencia de la Ley que se promueve; todo con el fin de solucionar un supuesto problema de titulación de tierras, el cual ha provocado que personas que viven ahí “no han tenido acceso a crédito para optar por una vivienda digna, ni a ningún tipo de desarrollo”.

            Sin embargo, y como ya lo ha indicado la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República en otras oportunidades, no es conveniente desproteger los intereses públicos para solucionar casos particulares:

“Esta sala en reiteradas ocasiones, ha señalado que los fines de una norma deben ser proporcionados y razonables en virtud del objetivo que pretende lograr, así como de las consecuencias que pueden derivar de ella, y en este sentido, no se puede permitir que por solucionarles un problema social como el de la vivienda a unas cuantas personas en este caso, se pongan en peligro las áreas protegidas del país y se corra un riesgo relevante e inminente que puede perjudicar nuestras áreas de conservación del medio ambiente, violentándose con ello el principio precautorio indicado en la DECLARACION DE RIO y el principio in dubio pro natura, de manera que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes.”

(Sala Constitucional, Voto No. 2988-99 de 11 horas 57 minutos del 23 de abril de 1999)

              "…los poderes públicos, y en este caso el legislador, tienen el deber de preservar y hacer posible el derecho a un medio ambiente adecuado que garantiza el artículo 50 de la Constitución. Un componente nuclear del medio ambiente es la protección de la naturaleza, de la que forman parte las islas marítimas, ya se consideren como bienes en sí o en la composición factorial analítica de elementos (suelo, subsuelo, mar, flora, fauna etc.). Disponer el paso de éstas a manos particulares va en demérito de su acervo natural, del que el Estado es titular, y de las importantes funciones sociales que cumplen, con supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y venideras. En una palabra, daña el bien común. De ahí que al no mediar un interés público superior que respalde la salida de esos bienes del patrimonio de la Nación y tener plena vigencia las razones que justificaron el acto afectatario, la desafectación es del todo inconveniente. La existencia del dominio público se justifica por razón del mantenimiento y satisfacción del interés público. Conlleva un singular régimen exorbitante para proteger mejor su integridad física y jurídica.  La desafectación, cuando cabe, debe fundarse en la condición de haber cesado el interés público que originó la afectación lo que aquí no ocurre...”  (Opinión jurídica OJ-058-97 de 4 de noviembre de 1997. En el mismo sentido pueden verse también los pronunciamientos  OJ-178-2004 de 23 de diciembre del 2004 y OJ-004-2005 de 12 de enero del 2005).

Y es que con la propuesta de ley que nos ocupa se lesiona seriamente el régimen que protege al Patrimonio Natural del Estado, el cual, como se sabe, es el propio de los bienes afectos al dominio público:

“ARTICULO 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural

Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.”

Sobre las características de este tipo de bienes ha indicado la Sala Constitucional en el Voto No. 2306-91 de 14 horas 45 minutos del 6 de noviembre de 1991:

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.”

Como se ve claramente en esta sentencia, reiterada en múltiples ocasiones posteriores por esa Sala, los bienes afectos al dominio público no pueden ser objeto de posesión ni susceptibles, por ende, de ser adquiridos en propiedad.

Entonces, al permitirse, con el proyecto de ley puesto en nuestro conocimiento, la titulación de terrenos que se encuentran dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 8494 del 28 de abril de 1978 (la finca No. 39334-000 del Instituto de Desarrollo Agrario traslapa con esta área protegida), a personas que entraron a ocuparlos con posterioridad a su afectación al régimen de dominio público, se distorsiona este principio de ley, y por supuesto, se desmejora el ambiente, al permitirse la apropiación particular de áreas destinadas a la protección de los recursos naturales.

Téngase en cuenta que al darse la posibilidad en la propuesta de ley de poder tener acceso a título de propiedad con sólo contar con diez años previos a la entrada en vigencia de la nueva normativa, se estaría facultando a particulares que entraron de manera ilegal a la Reserva Forestal Golfo Dulce con posterioridad a 1978 de apropiarse de importantes bienes estatales que cumplen una función ambiental prioritaria.

Lo anterior, sin perjuicio de que resulta poco práctico para los fines que persigue la ley que los ocupantes beneficiados con la propuesta normativa cumplan con el requisito esencial de haber poseído sus fundos “en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueños”, en el tanto esta última condición de poseer a título de dueños no la podrían cumplir nunca con antelación a la entrada en vigencia de la ley (salvo que demostraran serlo con diez años de anterioridad a la afectación al dominio público).

Sobre dicho tema ya se había manifestado esta Procuraduría en la opinión jurídica No. OJ-139-2001 de 27 de setiembre del 2001, al pronunciarse sobre un proyecto de ley tendente a la titulación por particulares en las áreas fronterizas contiguas a Nicaragua y Panamá, en los siguientes términos:  

“En todo caso, y sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, creemos que el proyecto parte de una falsa premisa, y es la de conferirle a particulares una posesión legítima sobre las franjas limítrofes estatales que nunca han tenido.

Efectivamente, el artículo segundo del proyecto señala que “los poseedores de terrenos ubicados dentro de la zona desafectada en el artículo anterior podrán inscribir en el Registro Nacional sus respectivos derechos en el tanto cumplan con los requisitos, términos, condiciones y procedimientos establecidos en la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas”.

Pues resulta que dicha Ley exige como su principal requisito para acceder a la titulación que la persona haya poseído el inmueble en las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, es decir, con más de diez años de posesión quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño.

          Como es obvio pensar, este tipo de posesión, que es la clásica del Derecho Civil para caracterizar la prescripción positiva, nunca pudo darse sobre las franjas fronterizas, ya que, al tratarse de bienes de dominio público, este género de posesión le estaba vedado a los particulares. Los artículos respectivos de nuestro ordenamiento jurídico son contundentes en tal sentido (…)

Con base en esta normativa, sólo sería válido considerar como posibles de titulación a aquellos terrenos que, aunque incluidos dentro de una demarcatoria de bienes de dominio público, ya eran objeto de posesión particular, en los términos del artículo 856 del Código Civil, con diez años de anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del área demanial en concreto, lo que en el caso de nuestras zonas fronterizas resulta bastante difícil por la antigüedad de la declaratoria demanial. La congruencia de este principio fue recogida en el artículo 7°, párrafo primero, de la Ley de Informaciones Posesorias, que a la letra estatuye:

"Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de una área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."

Y nuestra Sala Constitucional ha avalado este principio para cómputo del período de posesión dentro de áreas demaniales, en los siguientes términos:

     “... porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho.” (Voto No. 4587-97 de 15 horas 45 minutos del 5 de agosto de 1997).

Por otro lado, resulta impensable considerar la posibilidad de que por vía de ley se estuviera creando una ficción jurídica por la que una mera detentación, entendemos ilegal, se convierta en una posesión apta para usucapir positivamente en áreas demaniales del Estado. (…)

En la misma línea, es de rigor añadir que la propuesta legal vendría a constituirse en un premio a los usurpadores de dominio público, ya que los permisionarios o concesionarios en áreas silvestres y los "arrendatarios" del Instituto de Desarrollo Agrario, por la calidad de su título, nunca pudieron haber poseído como dueños, que es lo que exige la Ley de Informaciones Posesorias. No parece lógico que quienes nunca quisieron someterse al régimen legal, es decir, los no arrendatarios ni permisionarios, sean quienes ahora puedan beneficiarse con la inscripción de terrenos que ocuparon en forma ilegítima, mientras que aquellos que durante años se acogieron a las figuras que el ordenamiento jurídico dispuso para ocuparlos debidamente, se vean excluidos. (…)

Así las cosas, resulta un contrasentido jurídico permitir la titulación de inmuebles a quienes nunca han tenido la posibilidad de ejercer actos posesorios a título de dueño sobre inmuebles de carácter demanial como lo son nuestras franjas fronterizas, constituyendo éste un motivo de más para desechar el proyecto de ley, ya que el objetivo posiblemente buscado no sería alcanzable sino hasta diez años después de haberse desafectado los sectores fronterizos, que sería cuando las personas habrían poseído efectivamente en los términos de nuestro Código Civil y la Ley de Informaciones Posesorias.”

            Otro aspecto medular al que deberán prestar atención los señores legisladores al momento de sopesar el presente proyecto de ley, es que se estaría disminuyendo la cabida total de la Reserva Forestal Golfo Dulce sin que existan estudios técnicos que así lo justifiquen; lo cual sería contrario a nuestra Carta Magna, según lo ha establecido la propia Sala Constitucional:

“De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucional, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente. (Voto No. 7294-98 de 16 horas 15 minutos del 13 de octubre de 1998).

            Para la Procuraduría General de la República es claro que el permitir la titulación de terrenos a particulares dentro de un área protegida como lo pretende esta propuesta legal sin que se hayan poseído con diez años de antelación a su declaratoria, constituye una disminución territorial del área protegida en perjuicio del ambiente, al no contarse con los estudios técnicos requeridos que así lo justifiquen.

  En relación con este tópico, habría que añadir que es igualmente inconstitucional la desafectación tácita de áreas del dominio público. En tal sentido, también la Sala Constitucional ha sido contundente:

“…la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales.  Ello conlleva, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar o modificar el régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados.  Requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado, sin que sea posible una desafectación genérica, y mucho menos implícita…”  (Voto No. 10466-2000 de las 10 horas 17 minutos del 24 de noviembre del 2000).

  En el proyecto legislativo de análisis se echa de menos la desafectación expresa y concreta de áreas de la Reserva Forestal Golfo Dulce, siendo evidente que la titulación a favor de particulares que no cumplen con la posesión decenal previa a su fecha de creación implica necesariamente una desafectación de su régimen demanial.

  Para mejor comprensión del tema, permítasenos proporcionar un ejemplo. En el régimen actual, ninguna persona que haya entrado a ocupar originariamente terrenos de la Reserva Forestal Golfo Dulce con posterioridad a 1978 puede titular. Si se aprueba la propuesta legislativa y entra en vigencia este año (2008), las personas que hubiesen ingresado entre 1978 y 1998 podrían titular bienes que actualmente pertenecen al dominio público. Tal situación constituye, sin lugar a dudas, una desafectación del régimen demanial al que se encuentra sujeta la Reserva Forestal Golfo Dulce, y por lo tanto requiere de un acto legislativo de desafectación expresa.

  Valga acotar, además, que la posibilidad de entregar títulos de propiedad por parte del Instituto de Desarrollo Agrario dentro de un área silvestre protegida como lo sería en este caso la Reserva Forestal Golfo Dulce, ha sido descartada por la Sala Constitucional en el Voto No. 1763-94 de 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994:

“…de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o descentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no esta facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o expropiar, salvo que a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2 de la Ley Forestal); (…) en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (artículo 1 de la Ley Forestal)...”

  En un sentido similar se ha pronunciado la Procuraduría General de la República:

“1) Son parte del Patrimonio Natural del Estado, entre otros, los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, así como de las fincas inscritas a nombre del Estado y las pertenecientes a las instituciones autónomas, excepto que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a su patrimonio.

A través de sus notas jurídicas esenciales de inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad de las acciones reivindicatorias, dichos bienes tienen por ley una afectación inmediata al dominio público del Estado, sin acto complementario atributivo de ese carácter.

2) En interpretación sistemática de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, como preceptos conexos e interdependientes, la clasificación a que se refiere el último de esos numerales configura un acto de constatación, no de afectación, para corroborar si en un inmueble rural concreto de un organismo de la Administración Pública concurren los presupuestos bajo los que la norma establece el régimen público forestal, para considerarlo comprendido en el género de la demanialidad, con las consecuencias previstas, y neutralizar su pretendida enajenación por el ente público. Es una medida de confirmación protectora para impedir que salgan en forma anómala inmuebles forestales o boscosos del Patrimonio Natural del Estado.

El vocablo "quedarán" ha de entenderse como sinónimo de "permanecerán", "se mantendrán incorporados". La clasificación no determina el ingreso del bien al régimen demanial, sino su permanencia.” (Dictamen No. C-321-2003 de 9 de octubre del 2003).

Para terminar, este órgano asesor estima oportuno hacer de conocimiento de esa Comisión Parlamentaria que, con motivo de diferentes juicios que han presentado ocupantes dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce contra el Estado y el Instituto de Desarrollo Agrario y que se encuentran en trámite, nos hemos podido percatar de que en muchos casos la supuesta situación de injusticia social no es como se pretende hacer creer.

Se alega una posesión en la mayoría de los casos de hace más de cuarenta años; sin embargo, cuando se analiza la prueba que se aporta no se encuentra prueba contundente que respalde ese dicho. Los traspasos que se adjuntan a las demandas son de fecha reciente; no hay planos que describan los inmuebles, o cuando los hay, son igualmente de fecha posterior a la creación de la Reserva. Hasta hemos detectado casos en donde dos o más ocupantes en juicios diferentes y representados por los mismos apoderados judiciales, solicitan el otorgamiento del título por parte del Instituto de Desarrollo Agrario sobre una misma parcela, con base en el reconocimiento de una cuestionada posesión ejercida a título de dueño en forma quieta, pública e ininterrumpida.

También se ha podido documentar en esos procesos judiciales casos de delitos forestales contra varios de los ocupantes, con lo cual no es tan cierto que se haya dado una protección adecuada de los recursos naturales por estas personas.

De la misma forma, resulta de interés destacar que varios ocupantes cuentan con otras propiedades inscritas a su nombre, siendo cuestionable el que se les pueda tener como beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario (el artículo 62 de la Ley de Tierras y Colonización señala que con la solicitud para adquirir parcelas las personas deben declarar, bajo fe de juramento, que carecen de tierras o que son insuficientes las que posean).

Otro detalle que preocupa, asimismo, es que algunas de las parcelas pretendidas se encuentran dentro de otros terrenos inalienables como la zona marítimo terrestre o la Reserva Indígena Guaymí de Osa, con lo cual se podría estar poniendo en peligro no solo el patrimonio ambiental, sino también el cultural.

Deben saber los señores Diputados que varias de las parcelas de las cuales se busca obtener título mediante este proyecto de ley, son de hasta cientos de hectáreas cubiertas en su mayor parte de bosque primario, por lo que reviste una gran trascendencia desde el punto de vista de tutela a los recursos naturales lo que aquí se dictamine.

  Circunstancia aparte que se deberá sopesar es que la aprobación de un proyecto como el propuesto pueda convertirse en una especie de precedente para que en otras áreas protegidas se busque hacer lo mismo, es decir, legitimar la presencia de personas que ingresaron en ellas al margen de la ley, con el consiguiente menoscabo del Patrimonio Natural del Estado.”

CONCLUSION

            Por los fundamentos de derecho expuestos y situaciones fácticas comentadas, considera la Procuraduría General de la República que el proyecto de ley No. 17003 (“Ley de Consolidación Socio Ambiental del Asentamiento Campesino Osa en Finca del Instituto de Desarrollo Agrario”) en los términos en que se encuentra redactado, debe desestimarse por presentar eventuales problemas de inconstitucionalidad, inviabilidad desde el punto de vista jurídico e inconveniencia a los intereses públicos.

            Se recomienda a los señores Diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, unificar los expedientes legislativos Nos. 17003 y 17016 y tramitarlos como uno sólo, por tratarse de proyectos de ley prácticamente idénticos.

De usted, atentamente,

Lic. Víctor Bulgarelli Céspedes

Procurador Agrario

VBC/fmc