Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 049 del 20/03/1998
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Texto Dictamen 049
 
  Dictamen : 049 del 20/03/1998   

C-049-98


20 de marzo, 1998


Licenciado


Luis Rojas Bolaños


Director


Sistema Nacional de Áreas de Conservación


Ministerio del Ambiente y Energía


Estimado señor:


Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su Oficio No. SINAC-0132 de 28 de enero de 1997, recibido el 11 de febrero de ese mismo mes, en el que nos consulta respecto de a qué Institución le corresponde el pago de mejoras a parceleros ubicados en la Zona Protectora Tivives, a los que el Instituto de Desarrollo Agrario les otorgó contratos con posterioridad a la declaratoria de dicha área silvestre.


Mediante Oficio No. PAGD-048-97 de 12 de febrero de 1997, se le solicitó al efecto el criterio de la asesoría legal de ese Ministerio, requisito obligado para el trámite consultivo según el artículo 4º de nuestra Ley Orgánica, Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982; el cual nos fue remitido el 19 de noviembre de 1997 por vía de fax.


De la presente consulta se confirió audiencia por ocho días a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo por medio de nota No. PAGD-021-98 de 19 de enero de 1998, sin que hasta la fecha se haya contestado.


I.- ANTECEDENTES


La Zona Protectora Tivives fue creada mediante Decreto No. 17023-MAG de 6 de mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 101 de 2 de junio de 1986.


Entre sus objetivos se encuentran los de conservar un bosque de 532,50 hectáreas, considerado como el último reducto representativo del bosque seco tropical existente en la región Pacífico Central; proteger la red de drenaje y nacimiento de los flujos y calidad de agua del Río Jesús María, Quebrada Cambalache, Quebrada Corralillo y varias nacientes y manantiales utilizados por los habitantes de la región; resguardar de la erosión a diferentes cerros como el Coyolar o el Cambalache, cuyas pendientes son mayores al 45%; evitar la extinción de especies de flora y fauna; rescatar para el uso recreativo y de investigación la Zona Protectora Salinas II de Esparza, por su gran valor escénico y científico; y tutelar el manglar de Tivives, como el mejor conservado de los manglares del país, y que posee características de las formaciones del Pacífico Norte y del Pacífico Sur, con gran desarrollo estructural y una alta diversidad, así como por su contribución al sostenimiento de las poblaciones pesqueras del Golfo de Nicoya, por ser una de los más grandes criaderos (considerandos del segundo al octavo del Decreto No. 17023).


De acuerdo a nuestra legislación, artículos 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995, y 15 de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, al declararse un área protegida, los terrenos estatales comprendidos dentro de su demarcatoria oficial pasan a ser administrados por el Ministerio del Ambiente y Energía (en su momento, Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Ley No. 7174 de 28 de junio de 1990, artículo 32, y más atrás, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, artículos 7 y 10, inciso c).


Tal es el caso de la Zona Protectora Tivives que incluyó, al momento de su creación, tierras administradas por el Instituto de Desarrollo Agrario. Al darse la declaratoria de área silvestre protegida, se presupone la calificación "forestal" de los terrenos, dándose un traslado automático al Patrimonio Natural del Estado (antes Patrimonio Forestal), y por ende, de competencias. Así lo entendió también nuestra Sala Constitucional en el Voto No. 1763-94 de 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994:


"..., toda vez que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o descentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no está facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente (...); en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos ..."


Esta sentencia surge a raíz de un recurso de amparo (Expediente No. 0178-M-94) presentado por varios particulares contra el Director Regional del Pacífico Central y Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario por haber puesto en funcionamiento un programa de adjudicación de parcelas -denominado "Salinas Dos"- en terrenos comprendidos dentro de la Zona Protectora Tivives. El recurso fue declarado con lugar, reconociéndose la nulidad de toda adjudicación que se haya acordado con posterioridad al 6 de mayo de 1986, por haberse dispuesto de manera indebida de terrenos forestalmente protegidos; y se dejaron incólumes las adjudicaciones previas a esa fecha:


"Así, pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o expropiar, salvo que a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2º de la Ley Forestal); no resultan válidas las adjudicaciones acordadas por la institución recurrida con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de cita sobre los terrenos comprendidos por la zona de conservación natural de Tivives, toda vez que desde esa fecha -seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis-, no está facultada para disponer libremente de esas heredades, puesto que la administración de las mismas compete a la Dirección General Forestal, en coordinación con la Municipalidad de Esparza y los Centros Agrícolas: Regional Pacífico Central y Cantonal de Esparza, ...".


En resumen, al haberse declarado como área silvestre protegida tierras del Instituto de Desarrollo Agrario en que se venía desarrollando un programa de adjudicación a parceleros, esta entidad debió abstenerse de continuar disponiendo de esos terrenos, para trasladar su administración a la Dirección General Forestal, hoy Administración Forestal del Estado, perteneciente al Ministerio del Ambiente y Energía.


Según lo indica en su nota y en el criterio legal que fue adjuntado posteriormente, "existen varios parceleros ubicados dentro de la Zona Protectora Tivives, quienes solicitan el pago de mejoras y su reubicación en otro sitio, como condición para abandonar las parcelas que el IDA les había otorgado en forma irregular, según lo resuelto en el voto mencionado". Respecto de a quién corresponde este pago de mejoras, si al Instituto de Desarrollo Agrario o al Ministerio de Ambiente y Energía, es que versa la presente consulta.


II.- RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION


El artículo 9º de nuestra Constitución Política establece el principio de la responsabilidad de la Administración Pública al indicar que el "Gobierno de la República es popular, alternativo, representativo y responsable". La Ley General de la Administración Pública, No. 6227 de 18 de diciembre de 1978, retoma este principio y lo desarrolla en los artículos 190 y siguientes, dentro del Capítulo intitulado "De la Responsabilidad de la Administración". Concretamente dispone el artículo 190.1: " La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero."


Como puede notarse fácilmente del texto anterior, nos encontramos ante una responsabilidad objetiva de la Administración:


"La formulación del principio es clara en introducir el concepto de la responsabilidad objetiva del Estado: es decir, aquella que no toma en cuenta el examen de la actuación del funcionario en cuanto a los extremos de su culpabilidad para hacer descansar la responsabilidad en la mera constatación del daño y que el mismo se haya producido por la actividad de la Administración. Como indica la doctrina: "basta la existencia de un resultado dañoso que cause un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a una persona o un grupo de personas, para que surja la obligación de indemnizar, sin que se requiera otro requisito que la relación de causalidad entre el acto y el daño y prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto originador del daño." (dictamen No. C-175-97 de 18 de setiembre de1997).


Nuestros tribunales de justicia han reafirmado y desarrollado este principio en sus sentencias:


"El artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública consagra un régimen de responsabilidad objetiva por parte de la administración, lo que significa la obligación de aquélla de responder por todos los daños que cause su funcionamiento, legítimo, ilegítimo, normal o anormal, siempre que se trate de lesiones resarcibles, por las que se entienden los perjuicios patrimoniales antijurídicos, no sólo por la conducta de su autor, sino básicamente porque quien los sufre no tiene el deber jurídico de soportarlos y en el entendido que exista la relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido, que debe ser siempre directa, con exclusión de aquéllos que evidentemente no hayan tenido ningún poder determinante en la producción del daño final. Se refuta entonces como indemnizable la acción de la administración dañosa al patrimonio de los ciudadanos en tanto no existan causas de justificación que legitimen el perjuicio producido. Esas causas de justificación son los supuestos en que el nexo de causalidad queda roto al interferir una situación de fuerza mayor, culpa de la víctima o la conducta de un tercero." (Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera. Voto No. 555-90 de 21 de agosto de 1990).


En el caso que nos ocupa, resulta obvio que el Instituto de Desarrollo Agrario, al haber continuado adjudicando tierras a parceleros sin tener ya competencia para ello dentro del área comprendida en la Zona Protectora Tivives, incurre en responsabilidad frente a los adjudicatarios, vista la declaratoria de nulidad de los contratos que hace la Sala Constitucional, y por ende, debe asumir los daños y perjuicios.


En efecto, el nexo causal directo, generador de la responsabilidad, es fácilmente distinguible en la actividad ilegítima desplegada por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la promulgación del Decreto No. 17023; y tampoco es apreciable en la especie ninguna causa de justificación o circunstancias que puedan suprimir ese ligamen de causalidad (fuerza mayor, falta de la víctima o hecho de un tercero).


No podría achacarse ningún tipo de responsabilidad en cuanto al pago de daños y perjuicios al Ministerio del Ambiente y Energía, en aquel momento el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por perseguir la protección de los recursos naturales mediante la declaratoria de áreas protegidas, ya que es una atribución que le es muy claramente definida en los textos legales.


Tan es así, que la creación de la Zona Protectora Tivives no alcanza a tocar las adjudicaciones previas al Decreto No. 17023 hechas por el Instituto de Desarrollo Agrario, siendo concluyente la Sala Constitucional al señalar que para poder disponer de estos terrenos ya adjudicados a los fines de la zona protectora, debían comprarse o expropiarse, salvo una aceptación voluntaria al régimen forestal.


Desde el punto de vista de los adjudicatarios posteriores al Decreto No. 17023, y sin perjuicio de la responsabilidad objetiva de la Administración, les cubre una garantía constitucional de justa reparación a los daños que se les ocasione:


"Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes."


De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, daño, en sentido jurídico, "constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso" (Voto No. 14 de 16 horas de 2 de marzo de 1993).


En ese orden de cosas, las "mejoras" por las que se nos consulta, llevadas a cabo por los adjudicatarios posteriores a la entrada en vigencia del Decreto No. 17023, y que no se nos definen, entrarían a formar parte del concepto de daño en la medida en que resulten pérdidas a su esfera patrimonial, por los gastos económicos en que hayan incurrido (construcción de casas, desarrollo de cultivos, etc.) y que habrían de perder, sin mediar culpa suya, ante su aparente inevitable salida del territorio comprendido en la Zona Protectora Tivives.


Valga hacer la aclaración que prácticamente el concepto de mejora, entendida como "toda modificación material de una cosa que aumente su valor" (Brebbia, Fernando. "Contratos Agrarios". Segunda edición. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1982, pg. 128), en este caso sólo le sería aplicable a estos adjudicatarios, ya que para el Ministerio del Ambiente y Energía es de esperar que las obras realizadas por aquellos, lejos de constituir un aumento en el valor del inmueble, redundan en un desmejoramiento de éste, al ser producto de una utilización no conforme al uso debido de los terrenos. El artículo 3°, inciso i), de la Ley Forestal actual define área silvestre protegida como "espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés público".


Sobre la responsabilidad en el pago de mejoras a los adjudicatarios por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, y a mayor abundamiento, conviene citar el numeral 66 de la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas:


"Artículo 66.- El incumplimiento de las obligaciones impuestas al ocupante de una parcela, causará, a juicio del Instituto, la pérdida del derecho sobre la misma.


En el caso de dictarse una resolución en tal sentido (...) la parcela volverá al dominio del Instituto con toda su dotación, reconociéndole éste al parcelero el valor de las mejoras necesarias o útiles que hubiere hecho de su peculio"


Es claro que si se le reconocen tales mejoras al parcelero en el caso de incumplimiento de sus obligaciones, con mayor razón deberán reconocérsele cuando no ha incumplido y el contrato pierde sus efectos por una nulidad, proveniente de la inobservancia del ordenamiento jurídico por parte del mismo Instituto de Desarrollo Agrario.


Por último, creemos oportuno acotar que si bien es cierto la sentencia de Sala Constitucional No. 1763-94, en su por tanto, condena a los recurridos al pago de los daños y perjuicios causados y a las costas del recurso, no puede presumirse tan fácilmente como se hace en el criterio legal que se adjunta a esta consulta que dicha condenatoria se hizo en favor de los parceleros; ya que es conocido que cuando esa Sala acoge un recurso de amparo, como en este caso, siempre condena a los recurridos al pago de daños y perjuicios causados (doctrina del artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), pero a los recurrentes, los que en este caso no coinciden con parceleros, sino con personas interesadas en que no se obstaculizaran los fines por los cuales se creó la Zona Protectora Tivives.


Así, más que a lo resuelto en su parte dispositiva por la Sala Constitucional en su sentencia No. 1763-94, el deber de indemnizar del Instituto de Desarrollo Agrario a las personas adjudicatarias de terrenos en la Zona Protectora Tivives, posteriores a la promulgación del Decreto No. 17023, deriva de los principios constitucionales, ya expuestos, de responsabilidad de la Administración y de justa reparación de los daños.


III.- SOBRE LA REPARACION DEL DAÑO


A tenor de la doctrina, el concepto de indemnización involucra una reparación integral del daño:


"El principio general es, sin embargo, claro: la indemnización debe dejar "indemne" a la víctima del daño injusto, debe procurar una reparación integral del detrimento que dicho daño ha supuesto para su patrimonio, debe restituir éste en su plena valor anterior al suceso dañoso, debe cubrir, por tanto, todos los "daños y perjuicios" sufridos, "en cualquiera de sus bienes y derechos" (García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, "Curso de Derecho Administrativo". Volumen II. Segunda edición. Madrid, Editorial Civitas, 1977. p. 321).


Este criterio es también sostenido por nuestra jurisprudencia, como puede verse en el siguiente extracto del Voto No. 166-92 de 16 horas 20 minutos del 18 de diciembre de 1992 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, donde haciendo referencia al instituto de la expropiación, se pronuncia abundantemente sobre aspectos aplicables al tema:


"(...) Indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio a través de un resarcimiento cabal, el cual no se logra si alguno de ellos persiste, y hay desmedro. Es restablecerle a una situación similar a la anterior. (...) La indemnización debe ser justa. Esto trae a colación su objetividad y plenitud. Justa en cuanto debe mantener intacto e incólume el patrimonio de expropiado, mediante la conversión de derechos (sustituyendo el valor de un bien o derecho por su equivalente monetario), y debe fundarse en criterios objetivos, pues debe reconocerse el valor en plaza o de mercado (común de mercado), al contado, o en términos equivalentes, como si fuese entre un comprador deseoso de comprar y un vendedor deseoso de vender, ambos informados del negocio, y sin obligación de hacerlo. Es el mismo concepto de valor objetivo, actual o venal, incluso de valor equitativo en plaza, consecuentemente la indemnización será injusta si es meramente simbólico o irrisoria. Se trata de un "valor de reposición" en sustancia, sea el que permita adquirir un bien análogo al perdido con el desapoderamiento, quizá no en el mismo sitio -si se trata de inmuebles-, por ser ello imposible materialmente, sino en cualquier otra parte. El valor de reposición es la posibilidad que se le brinda al expropiado de adquirir una cosa similar, tratándose entonces de una reposición de valores y posibilidades y no de la misma cosa, por ser ello un absurdo (V. Sala de Casación No. 92 de las 14 horas 45 minutos del 7 de octubre de 1970). Así el expropiador deberá indemnizar el valor venal (de mercado) actualizado al momento de la sentencia definitiva. Consiste en el valor real de un bien sujeto al libre criterio de la oferta y la demanda, con todas las formas de oscilación que repercuten como consecuencia de la inflación o deflación, en ese momento. (...) La indemnización deber ser integral. El patrimonio del sujeto pasivo debe quedar indemne. Una expropiación sin indemnización equitativa constituye una confiscación. La integralidad supone una indemnización del valor real -efectivo- (actual en plaza o de mercado) del bien (incluido sus accesorios) y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones consecuentes de la desposesión, quántum que se determina en la tasación. Se dice plena en cuanto debe haber una conversión del derecho de propiedad en su equivalente económico. La indemnización no puede ser fuente de ganancia o riquezas, sólo de reparación integral del valor de lo expropiado y del daño consecuente, es decir, no puede constituir un medio de otorgar lucros a expensas de la comunidad."


Por supuesto, dentro del concepto de daños en forma genérica, deben incluirse también a los perjuicios o beneficios dejados de percibir, como podrían ser en este caso, por ejemplo, el producto de las cosechas:


"Partiendo de esta noción fundamental (daño es el menoscabo que recae sobre los bienes que integran la esfera jurídica de la persona -bienes que le pertenecen-) se distinguen dos grandes especies de perjuicios patrimoniales. En primer lugar, aquellos perjuicios que se traducen en un empobrecimiento del contenido económico actual del sujeto y que puede generarse tanto por la destrucción, deterioro, privación del uso y goce, etc., de bienes existentes en el patrimonio (...) hay un empobrecimiento, una disminución patrimonial provocada como consecuencia del evento dañoso. Pero éste puede generar también la privación o frustración de un enriquecimiento patrimonial de la víctima: el perjuicio, aunque por hipótesis pudiese incluso no haber provocado un daño en los bienes que pertenecen a la víctima puede impedir que ella obtenga ciertos lucros o ganancias que se traducirían en un enriquecimiento económico." (Zannoni, Eduardo A. "El daño en la Responsabilidad Civil". Segunda edición. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1987, p. 16).


Resta por decir algunas palabras sobre la reubicación de los parceleros. Esta figura, que viene a ser como una especie de reparación por equivalente, no vendría a sustituir el pago de "mejoras" realizadas por aquellos, ya que éste siempre debe darse (salvo, por supuesto, el hipotético, pero poco probable caso, de que la situación restaurada fuera idéntica a la original, incluyendo construcciones y cultivos); pero sí podría compensar los efectos derivados del contrato de adjudicación y de la condición de adjudicatario.


Para llevar a cabo una reubicación, el Instituto habría de garantizar a los parceleros la dotación de tierras económicamente explotables, tanto por la calidad de la tierra y su potencial productivo, como por la cantidad de que se les dote, suficiente para tal fin; y vista la imposibilidad de ubicarlos en la zona en que trabajan, por formar parte del Patrimonio Natural del Estado, tal dotación debería hacerse en algún lugar cercano, a fin de no provocar un desarraigo inconveniente a su ambiente y costumbres; todo en condiciones iguales o mejores a las que obtuvieron a consecuencia de los contratos de adjudicación tenidos por nulos en el ya citado Voto No. 1763-94 de la Sala Constitucional, y así asegurar los fines para los que fue creado el Instituto de Desarrollo Agrario, contenidos en las Leyes Nos. 2825 y 6735 (Ley de Tierras y Colonización y Ley del Instituto de Desarrollo Agrario).


Finalmente, interesa apuntar que la nueva Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, artículo 71, modificó los límites de la Zona Protectora Tivives. Contra esta norma fue presentada una acción de inconstitucionalidad (expediente No. 7014-96), alegando que se disminuyó esta área protegida sin fundamento en estudios técnicos, por lo que afecta negativamente la protección ecológica de la zona.


Con vista de lo anterior, les transcribo parte del texto del edicto publicado en el Boletín Judicial No. 93 de 16 de mayo de 1997, a fin de que sea tomado en cuenta lo que en él se indica para la toma de futuras decisiones sobre esa área silvestre:


"(...) Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo impugnado no se dicte resolución final, de conformidad con lo expuesto, hasta tanto no sea resuelta la presente acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos es dictar la sentencia, o bien el acto en el que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en la vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deban aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. (...)


Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0554-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la aplicación de la norma en general, sino únicamente para los casos señalados."


 


De usted, atentamente,


Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes


PROCURADOR AGRARIO


c.c. Junta Directiva


Instituto de Desarrollo Agrario